Entre todos la mataron (y ella sola se murió).

Foto: EFE
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Elecciones el 10 de noviembre. 5 meses insuficientes para materializar en acuerdo la participación récord que se logró en abril, empujada, en gran medida, por el temor a Vox. 5 meses que podían haber sido un par de semanas, que eran suficientes para evidenciar que no había voluntad real de acordar porque, para acordar, se tienen que dar determinados elementos: comunicación, honestidad, confianza y voluntad.

La responsabilidad de cada actor en este despropósito será calibrada por cada persona de forma subjetiva. La intransigencia de unos, las ambiciones de otros, los poderes ocultos, las estrategias de partido, los "spin doctors"... Hay tantas percepciones como "relatos" han intentado establecer los protagonistas de la no-negociación. El objetivo de este análisis no estriba en señalar culpables, sino en detectar causas estructurales por las que este modelo parlamentario ha fallado en su principal cometido: parlamentar.

La representación política es el mecanismo de traslación de la voluntad popular al seno de los Poderes del Estado. Es una relación en la que los mandantarios (cargos electos) deben ejecutar los deseos, intereses y objetivos de los mandantes (electorado). Esta relación de representación se compone de diferentes dimensiones (Pitkin, 1967), que deben ser cuidadas para garantizar su buen funcionamiento.

Por ejemplo, debe existir cierto grado de representatividad, es decir, una correspondencia, cualitativa y cuantitativa, entre las personas candidatas y las que las votan. La correspondencia cuantitativa se garantiza mediante un sistema de reparto proporcional. La cualitativa consiste en que las características personales de los representantes sean semejantes a las de los representados.

Otra dimensión es la receptividad, que consiste en la capacidad de los representantes de detectar y materializar los deseos, objetivos e intereses de las personas a las que representan. Esta capacidad se complementa con diferentes mecanismos, como las encuestas, los sondeos de opinión o los propios resultados electorales.

Junto a la representatividad y a la receptividad, están la autorización (declaración de voluntad de otorgar los poderes para representar), la representación simbólica (que hace referencia a la "fe" que la ciudadanía deposita en las instituciones de la representación o en otros elementos como la bandera o los protocolos formales) y, por último, la rendición de cuentas.

Durante estos meses de no-negociación hemos visto fallas en todas y cada una de las dimensiones de la representación. Es difícil aceptar que los representantes hayan identificado los deseos del electorado y, si lo han hecho, no los han tenido en cuenta. Observamos la erosión en la valoración de los partidos y de los organismos del Estado. Cuestionamos las propiedades de la legislación electoral. Incluso nos podemos preguntar si el voto es el elemento suficiente como para entregar todo el poder de representación y quedar a expensas de los atinos y desaciertos de los representantes. Pero, sin duda, la falla que se lleva la palma, en esta coyuntura, es la relacionada con los mecanismos para rendir cuentas.

Básicamente, la rendición de cuentas en los modelos parlamentarios de representación política se realiza en los procesos electorales. Si se valora positivamente la acción de los representantes, se les vuelve a votar. Si la percepción es negativa, se deja de votarlos. Este sistema, que parece lógico, está condicionado por su desarrollo práctico, por su letra pequeña. Y es que las opciones entre las que elegir (personas candidatas) están limitadas y dependen de los partidos, o son prisioneras de otros factores como el miedo y el "voto útil". No existe ninguna previsión legal que inhabilite a las personas que no han ejecutado el mandato (formar gobierno) para que no puedan volver a postularse. En definitiva, no existe ningún mecanismo real de rendición de cuentas que suponga un incentivo suficiente como para que las posiciones negociadoras se flexibilicen y atiendan a los deseos de los electores, por encima de los intereses personales o de partido. Y, a la luz de las encuestas, las conclusiones de los dos partidos que llevaban el peso de la negociación eran sencillas: si no logramos el acuerdo, en noviembre tendremos otra oportunidad, quizás con mejores cartas.

Resultado: nuevas elecciones, con los mismos protagonistas del último fiasco, condenados a escucharlos, durante el próximo mes y medio, reprocharse y proyectarse las culpas unos y otros. Y todo para intentar mejorar, tirando de nuevo los dados, su poder relativo dentro del nuevo Congreso. Una mejora que les permita volver a no-negociar, de nuevo, en una mejor posición. Así, el mecanismo de la rendición de cuentas, el que tendría que apremiar a los representantes a hacer su trabajo, se convierte en la vía de escape por la que se devuelve a los representados la responsabilidad.

"Voten ustedes mejor, no nos hagan trabajar".